Libertades criminalizadas: algunas consideraciones

Por Sonia M. Serrano Rivera/la Pupila

Hoy, nuevamente, lanzamos las mismas preguntas, ¿cuál es el sentido de la ley?  ¿qué sostiene a la ley? ¿qué la legitima?  ¿qué la excede?  Al seguirle las pistas a algunos psicoanalistas, asumimos que el orden se funda en un acto que carece de fundamento. Lo que sostiene a la ley -al orden-  es su reinstauración, su reinstitución, su insistencia. Esa reaparición que al hacerlo, la revela menesterosa,  precaria y sin fundamento. ¿Qué es lo que excede a la ley? Lo que la excede, es el discurso que la formula, lo que la precede.

Los cambios al Código Penal de Puerto Rico, nos obliga a examinarlo, precisamente en el discurso que la formula, en lo que la precede, en lo que la excede. La ley, -ese orden sin fundamento-, obliga al sujeto a comparecer ante la ley. Para Giorgio Agamben,  la ley nos excluye incluyéndonos, y nos incluye excluyéndonos. La ley obliga al sujeto a situarse ante ella, a estar expuesto y entregado absolutamente  a la ley.  La fuerza de ley (en sentido derridiano) obliga al sujeto a comparecer ante la ley. Esta interpelación, no es sino el efecto de la violencia de la ley que ordena el respeto de la ley, al decir de Edgardo Haimovich en La cojera de la ley, 2003. Recordemos, y al decir de Ignacio Lewkowicz en Condiciones postjurídicas de la ley, 2003,  que la forma esencial de la legalidad es la prohibición.  Es la ley. El aparato jurídico queda constituido como un poder más entre poderes, y no el más potente. Desprovisto de potencia enunciativa, desposeído de funciones de dominación, al decir de Lewkowitcz, recurre a la fuerza de la ley.


En la revisión del Código Penal, lo que precede al enunciado de ley, es precisamente que transitamos un espacio caracterizado por la destitución de la soberanía del Estado en nombre de los poderes del capital neoliberal.  La fluidez del capital financiero se ha instituido en su lugar. El capital ha desbordado los tiempos de la legalidad, del Estado, la condición jurídica en la que el ciudadano advino como sujeto de derechos. El capital financiero, caracterizado por su virtualidad, por su fluidez, porque tiene como  imperativo la ganancia infinita, ha desplazado la potencia restrictiva de la ley.


Una ley que opera como un imperativo, sin significación, pues en tanto sujeto de derecho, éste estaría interpelado a asumir su fuerza de ley. Ese absoluto de la ley, implica su no significado, su no fundamento, su imposibilidad. La ley, en  tanto norma jurídica, es la dimensión jurídico-política del Estado. La norma jurídica impone las formas en que se organizan las leyes simbólicas y las reglas sociales. La ley simbólica y la regla social se enlazan y se constituyen en la ley, y  al mismo tiempo, se constituyen como ley vía la norma jurídica. Se potencian mediante la fuerza del Estado. Nos plantea Lewkowicz que el derecho instituye la carne humana como humana, mediante la fuerza del Estado. Es en la ley que se refunda la ley, la fuerza que la potencia y la hace vigente. La ley que no ordena sino el respeto a la ley, y ese orden, que hace de la ley pura forma, es precisamente, su cojera. Y el orden, se instituye mediante la ley. La violencia de la ley adviene como fuerza que permitirá la legitimación de un poder que se desvanece ante los avatares de la violencia de la economía.

En la revisión del Código Penal, lo que precede al enunciado de ley, es precisamente que transitamos un espacio caracterizado por la destitución de la soberanía del Estado en nombre de los poderes del capital neoliberal, como nos sugiere Lewkowitcz. La fluidez del capital financiero se ha instituido en su lugar. El capital ha desbordado los tiempos de la legalidad, del Estado, la condición jurídica en la que el ciudadano advino como sujeto de derechos. El capital financiero, caracterizado por su virtualidad, por su fluidez, porque tiene como  imperativo la ganancia infinita, ha desplazado la potencia restrictiva de la ley. Al decir de Lewkowicz,  sin la potencia restrictiva de la ley, andamos entre lo imaginario de los derechos y lo real de los poderes.

Ya está la interrogante, ¿cuál es el estatuto subjetivo de la ley en tiempos del capital neoliberal?

El simulacro de ley

El Estado, ya sin legitimación alguna, simula la fuerza de ley. Y al decir de Agamben, nos obliga a comparecer ante la ley. Nos lanza a un estado de abandono ante la ley en su totalidad. Nos ubica ante el poder arbitrario de la ley. Una ley que adviene excepcional. La necesidad y la urgencia apelan a los reductos del poder estatal para invocar el poder soberano que consiste en imponer la excepción. Y es un simulacro de poder, pues en estos tiempos contemporáneos el capital financiero impone el Estado de excepción.

En este simulacro, la excepcionalidad se aposenta en las lógicas de la inseguridad ciudadana, del miedo generalizado y del resentimiento social. Lo que permite la legitimación de las medidas excepcionales (que hace algún tiempo son la norma) mediante reglas autoritarias y represivas, criminalización de libertades, penas más severas, eliminación de derechos y libertades.  


Si estas enmiendas están dirigidas a controlar las estrategias de miles de jóvenes, universitarixs, mujeres, feministas, sindicatos, profesorxs, entre otrxs, que han tomado las calles y las esquinas, para manifestar el malestar que produce el capital, lo que precede a estas enmiendas es mantener una política de “cero tolerancias”. Si asumimos que tolerar es aceptar creencias, ideas, comportamientos, expresiones, distintas a las de una. Si lo que excede a la ley, lo que la precede, es la cero tolerancia, tendríamos que asumir, desde el psicoanálisis, que lo imposible de soportar, de tolerar, es “lo real”.


La cero tolerancia

Es desde estos bordes que examinamos las recientes  propuestas de enmiendas al Código Penal. El gobernador de Puerto Rico adujo que su administración se dirigía a enmendar el Código Penal para crear leyes, incorporar leyes penales derogadas y aumentar penas, para enviar un mensaje de cero tolerancias.  La mayoría de las enmiendas están dirigidas a criminalizar libertades. Se convertirá en delito protestar fuera de las áreas designadas para ello, protestar en carreteras, protestar en entradas de edificios, protestar frente a una construcción, interrumpir las labores en centros educativos, pegar pasquines sobre las paredes de los edificios, obstaculizar actividades turísticas y obras de construcción, obstaculizar cualquier obra de construcción o movimiento de terreno que cuente con los debidos permisos de las agencias pertinentes. Así también será delito menos grave obstruir la prestación de servicios o el acceso a una institución de enseñanza, centros de salud o cualquier  establecimiento que ofrezca servicios gubernamentales al público. Delitos que si se cometen usando máscaras y encapuchados, conllevará una pena de 3 años.

Si estas enmiendas están dirigidas a controlar las estrategias de miles de jóvenes, universitarixs, mujeres, feministas, sindicatos, profesorxs, entre otrxs, que han tomado las calles y las esquinas, para manifestar el malestar que produce el capital, lo que precede a estas enmiendas es mantener una política de “cero tolerancias”. Si asumimos que tolerar es aceptar creencias, ideas, comportamientos, expresiones, distintas a las de una. Es respetar lo que piensa, lo que cree, lo que hace, otra persona cuyos pensamientos, acciones y creencias son distintos. Tolerare en latín, significa soportar.  Si lo que excede a la ley, lo que la precede, es la cero tolerancia, tendríamos que asumir, desde el psicoanálisis, que lo imposible de soportar, de tolerar, es “lo real”.

Dos órdenes en tensión

El primer orden, el de las libertades, el del movimiento, el que se inscribió en nuestro imaginario jurídico, el que nos hace ciudadanos, el del poder que nos constituye como sujetos libres. El segundo orden, el que paradojalmente le da vida al capitalismo financiero. El que propició el consumo y el crédito, el  que nos constituye como consumidores, el que nos inscribió en las lógicas de la deuda. El que incluye a unos en las políticas de libertades, y excluye a otros de las mismas. Las libertades de una persona, de un grupo, de una comunidad, de una asamblea, entran en una madeja de complejidad.

El otro orden, el de las limitaciones, el del miedo, el del poder que controla. El de la violencia vía la ley, el que se legitima vía la inseguridad generalizada y las políticas de miedo. El que no soporta-tolera “lo real”. El que fomenta la victimización de amplias poblaciones, el que nutre a sectores sociales de un malestar que produce resentimiento.

Dos órdenes que transitan entre lo sólido y lo fluido. Se entretejen. Dos máquinas de dominación entrecruzadas. El represivo vía lo penal, al tiempo que se legitima, gobierna bajo el estado de excepción y mantiene el orden. Este orden hará posible el fluir del capital neoliberal, de este capital que va tras las ganancias infinitas, que va tras la vida y va tras la muerte de amplias poblaciones. El orden del estado de excepción, mece el imaginario libertario del capital financiero. Esto lo descubrieron hace rato quienes están de protesta en las calles: “lo real” está en el capital financiero. Las protestas son parte de nuestras libertades, nuestros derechos, y más allá, aducen a valores que le superan, la vida y la vida digna. Eso no lo puede soportar el poder del Estado.  Y ahí ejerce su poder criminal. A propósito de las libertades criminalizadas.


*Imagen original de Nahira Montcourt / NotiCel


Referencias

  1. Giorgio Agamben. (1998). Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, España: Pre-textos
  2. Ignacio Lewkowicz. (2003). “Condiciones post-jurídicas de la ley”.  En Primer coloquio internacional. Deseo de Ley. Tomo I. Argentina: Editorial Biblos.
  3. Edgardo Haimovich. (2003) “La cojera de la ley”. En Primer coloquio internacional. Deseo de Ley. Tomo II. Argentina: Editorial Biblos.
  4. David Kreszes. (2003) “La cojera de la ley”. En Primer coloquio internacional. Deseo de Ley. Tomo II. Argentina: Editorial Biblos.