Proyecto de ley del “Nuevo Gobierno de Puerto Rico”: Estado de Excepción interno y la desposesión generalizada

Por José Atiles-Osoria / Especial para la Pupila

A un mes del paso del huracán María por Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló y la Legislatura de Puerto Rico, han decidido que es el momento de suspender definitivamente la menguada democracia existente en Puerto Rico y con ello normalizar y legalizar el estado de excepción interno que se viene aplicando en el país desde el inicio de la crisis fiscal en 2006. Esta es la primera impresión que se desprende de la lectura del Proyecto del Senado 653 y del Proyecto de la Cámara 1275. De ahí, que entendamos que Puerto Rico se encuentra ante un momento crucial en el que se determinará la estructura política y jurídica del país, y como era de esperarse, el Gobernador Rosselló y la Legislatura han optado por adelantar la ideología neoliberal, autoritaria y las prácticas criminogénicas que nos han traído hasta el estado de crisis generalizada que vive el país actualmente. Todo esto ocurre en momentos en que los/as puertorriqueños/as se encuentran más desprovistos, cuando el shock y el trauma de sabernos insignificantes para el gobierno de Puerto Rico están latentes y presentes en la cotidianidad, es en este contexto cuando se propone disolver los escasos ámbitos democráticos internos que habían definido la vida colonial puertorriqueña. Veamos por qué estos dos proyectos, enviados por Fortaleza a la Legislatura, constituyen la última entrega de una serie de políticas neoliberales dirigidas a la normalización definitiva del estado de excepción interno, la supresión de la democracia y la hegemonización del proyecto de desposesión generalizada iniciada en la década del 1990.

  1. Neoliberalismo boricua

Desde la década del 2000 la política puertorriqueña ha experimentado un proceso de economización y despolitización. Ese proceso de economización y despolitización de la política ha sido manejado a través de tres instancias y/o procesos sociopolíticos y jurídicos que han redefinido los escasos márgenes democráticos internos. El primero de esos procesos, vino de la mano de la crisis fiscal y económica que se inicia en la década del 2000 y que trajo consigo la radicalización y hegemonización de la ideología neoliberal. El neoliberalismo como política pública fue en cierta medida desarrollado o introducido en Puerto Rico desde finales de la década del 1980 por la administración Hernández Colón. Sin embargo, fue la administración Pedro Rosselló quien la transformó en un proyecto político y con ello en el sentido común de la política puertorriqueña. De ahí, que todos los gobernantes posteriores a la administración Pedro Rosselló hayan aplicado el modelo neoliberal como técnica de gobierno y con ello, hayan transformado las prácticas de desposesión y marginalización de los sectores pobres, trabajadores, afrodescendientes y de la región montañosa en política pública.

Uno de los aspectos fundamentales del neoliberalismo es que éste está reñido con la democracia y/o se fundamenta en la tecnificación y financiarización (economización) de la política. De ahí, que el neoliberalismo no suspende la democracia, sino que por el contrario la trivializa a tal punto que la hace insignificante. En su lugar los criterios de eficiencia, eficacia y tecnicidad ocupan el centro de la racionalidad política. Es justamente estos criterios que permiten que este modelo económico (si es que se le puede llamar así) opere sin mayores dificultades en contextos coloniales, dictatoriales e incluso en democracias liberales. Lo fundamental del neoliberalismo, es que transforma la administración pública y por descontado al estado, en un sistema técnico “despolitizado” que promueve los intereses económicos de las elites y de las corporaciones en detrimento de los intereses públicos y de los ciudadanos. Este proceso de transformación del estado, de ser uno que aspira a la justicia social, a ser uno que extrae riquezas de los trabajadores y sectores empobrecidos para entregárselos -a través de subsidios (véase por ejemplo las leyes 20 y 22)- a las corporaciones y a las élites, es lo que denominamos como desposesión generalizada.

De ahí que, en el contexto de la crisis fiscal y económica puertorriqueña, hemos presenciado la radicalización de las medidas neoliberales, la imposición generalizada de la austeridad y con ello la suspensión de las garantías democráticas en nombre de salvaguardar la economía y el buen crédito y la seguridad. Tanto la administración Acevedo Vilá, Fortuño Burset y García Padilla aplicaron el mismo modelo para administrar la crisis. Entre las prácticas implementadas por estas administraciones, se destacan las declaraciones del estado de emergencia, y el uso sistemático de las Órdenes Ejecutivas para atender problemas sociopolíticos y el abandono de las políticas de impuestos progresivos. Es decir, uno de los problemas fundamentales de la administración colonial es que priorizó la emisión de bonos y toma de préstamos en lugar de imponer impuestos a las corporaciones y a las élites económicas. En pocas palabras, en lugar de cobrar impuestos a los que más ganan, las administraciones coloniales prefirieron pedirle prestado.  

El segundo aspecto que ha marcado el proceso de transformación de las estructuras político-jurídicas puertorriqueñas, se refiere a la aplicación del estado de excepción para atender cualquier asunto. De esta forma, se limita el debate público y la democracia y se impone criterios de eficiencia y efectividad a la hora de tomar decisiones sobre el futuro del país. Esto es lo que en mi libro Apuntes para abandonar el derecho he denominado como estado de excepción interno. Como mostraré en las próximas líneas, el P.S. 653 y el P.C. 1275 de convertirse en ley implicarán la normalización definitiva (los proyectos señalan que la ley durará 10 años, empero, los efectos de esta ley serán mucho más duraderos) de la aplicación del estado de excepción interno como dispositivo de administración y gobierno de la vida colonial puertorriqueña.

De la mano de esas transformaciones y supresión de la fantasía ideológica constituida en el 1952, en tercer lugar, la imposición de PROMESA y de la Junta de Control Fiscal por parte de los EEUU supuso la afirmación más reciente del estado de excepción colonial. Sobre el asunto de la Junta y PROMESA, pues queda claro que fue la afirmación de los EEUU de su poder colonial sobre Puerto Rico y con ello, la imposición del criterio financiero, despolitizados y/o técnicos, y de los mercados por sobre la vida de los/as puertorriqueños/as. En fin, colonialismo. Ahora bien, es importante señalar que, contrario a lo que indica el proyecto de ley en su exposición de motivos, PROMESA y la Junta no fueron únicamente responsabilidad de la administración García Padilla, sino que es el resultado de las políticas de austeridad y desposesión impuestas por las diversas administraciones desde Hernández Colón y del colonialismo-neoliberal que domina el sentido común estadounidense y puertorriqueño.  

Estos tres procesos de transformación de las estructuras político-jurídicas puertorriqueñas, aunadas al paso del huracán María han creado las condiciones para que el gobernador Ricardo Rosselló pueda proponer los proyectos antes mencionados sin mayores miramientos. Veamos, pues, en qué consisten estos proyectos.

  1. Sobre la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”

El proyecto de ley denominado como “Ley del nuevo gobierno de Puerto Rico” busca otorgarle por un periodo de diez años los poderes necesarios al gobernador y Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reestructurar y redefinir la Rama Ejecutiva. Así, se aspira a que la Legislatura renuncie a su poder constitucional para “legislar” y/o aprobar leyes que viabilicen la reestructuración y redefinición de la Rama Ejecutiva, de modo, que la AAFAF y el gobernador puedan: “reorganizar, modificar, suprimir, transferir, consolidar y externalizar, agencias, departamentos, servicios y programas, mediante una orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de esta Ley de forma temporal para cumplir con los objetivos del Plan Fiscal a 10 años y asegurar servicios a nuestro Pueblo”. En pocas palabras, lo que supone esta ley, es el traspaso de la “soberanía” del pueblo de Puerto Rico de la Legislatura al Ejecutivo, y en particular a la corporación pública AAFAF, y con ello, la normalización definitiva de la aplicación del estado de excepción interno en PR.

Si bien es cierto que en mis trabajos no me he destacado por ser un defensor del estado colonial puertorriqueño y de la estructura jurídico-política que se estableció en 1952, me parece pertinente que reflexionemos sobre este proyecto de ley. No con la intención de salvaguarda o garantizar las estructuras coloniales internas y sus fallidas aspiraciones democráticas, sino más bien, porque la transformación que propone este proyecto de ley garantizará mayor impunidad para las élites económicas y políticas del país, propenderá en mayor corrupción y crímenes de estado y de las corporaciones, otorgará mayores poderes al Ejecutivo lo que implicará la transformación de esta rama de gobierno en una suerte de estructura corporativa, y, finalmente, terminará por generar mayor daño social y sufrimiento entre los sectores marginados del país. En pocas palabras, mi cuestionamiento de este proyecto de ley y de la violencia inherente al mismo, reside en que, de convertirse en ley, la misma dará legitimidad y autoridad al proyecto de desposesión que se viene ensayando a través del estado de excepción interno desde la década del 2000.

  1. Sobre la jurisprudencia

El proyecto de ley, además de fundamentarse en la crisis fiscal, PROMESA y la Junta para justificar su aprobación, expone una serie de casos y decisiones de los tribunales estadounidenses y puertorriqueños sobre a delegación de poderes. Si bien un análisis de esa jurisprudencia sería pertinente, nos parece que lo relevante de esa exposición es lo silenciado.

Uno de los aspectos que definen el estado de excepción según Giorgio Agamben, es su progresiva transformación en la forma de gobierno de las democracias contemporáneas. Este proceso de transformación en la forma de gobierno contemporáneo, según el Agamben, se da simultáneamente en distintos países del norte global a través de una serie de legislaciones y órdenes ejecutivas. Esas legislaciones y órdenes ejecutivas progresivamente fueron entregándole al ejecutivo mayores poderes al mismo tiempo que debilitaban a los parlamentos y congresos.

Uno de los casos excepcionales de esa progresiva adquisición de poderes por parte del ejecutivo lo encontramos en los EEUU. Como sabemos, originalmente la figura del presidente de los EEUU, no poseía los poderes plenarios que hoy son adjudicados al mismo. Es decir, los poderes que hoy el ejecutivo disfruta es el resultado de un proceso de delegación e incluso usurpación de la soberanía popular y con ello, de la transformación de las concepciones y definiciones del estado.

En pocas palabras, con la normalización del estado de excepción, lo que vemos es el regreso del soberano (o dictador) que las democracias liberales trataron de subvertir. Al fin y al cabo, con la ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico parece que la tesis de Schmittiana se comprueba nuevamente (El soberano es que decide sobre la excepción).  

  1. Sobre las órdenes ejecutivas

De la mano de lo antes establecido, es importante notar que el proyecto de ley le otorga la capacidad al gobernador de legislar a través de decretos y/o órdenes ejecutivas. Por ejemplo, dice el proyecto que: “Las disposiciones de una Ley orgánica que cree una agencia operarán en la medida que no sean incompatibles con la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico. A tales efectos, toda parte de una Ley orgánica o especial que vaya en contra de una disposición específica de una orden ejecutiva promulgada conforme a la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, se considerará sin efecto mientras exista tal incompatibilidad”.

Este párrafo es importante porque se establece la supremacía de las órdenes ejecutivas sobre las propias leyes. De este modo podemos observar la tecnificación de la política y de la administración pública y con ello, el desprecio por el debate, la democracia y la política. Las órdenes ejecutivas, son la solución técnica y antidemocráticas a problemas políticos para los que el gobierno no tiene la capacidad para gestionar. Pero también son la solución y el mecanismo para suprimir definitivamente el debate público y las posibilidades de la política.

  1. La AAFAF como corporación encargada de administrar la violencia política del estado colonial

La corporación pública AAFAF, se ha transformado en la agencia técnica (y por ende despolitizada y antidemocrática) encargada de administrar la violencia de la austeridad y de gobernar a fuerza de tecnicismo y decretos.  El rol central de la AAFAF, es esbozado una y otra vez en el proyecto de ley. Por ejemplo: “Tomando en consideración los lineamientos jurídicos esbozados, en esta Ley delegamos los poderes de reorganizar al Gobernador, con el asesoramiento de la AAFAF. Ciertamente, AAFAF es la corporación pública que funge como agencia fiscal del Gobierno que está encargada de ejecutar el Plan Fiscal, reducir los gastos y maximizar los ahorros”.  

Esta declaración de la AAFAF como la agencia que mejor está capacitada para asesorar al gobernador, dado su experitse, viene acompañado de una racionalidad neoliberal que ve a los sectores financieros como los salvadores de la política. Esta racionalidad neoliberal llega al punto de que los redactores del proyecto comenten el error (tal vez intencionalmente) de indicar que los poderes legislativos serán entregados a la AAFAF: “Esta delegación de poderes legislativos a AAFAF cumple con el principio y el propósito jurisprudencial: delegar a entidades administrativas expertas para que éstas con su experiencia y conocimientos especiales apliquen las normas generales para implementar la política pública legislativa”. Una vez más observamos que el aspecto técnico y despolitizador es la clave para otorgarle los poderes legislativos a la AAFAF y al gobernador.

No obstante, ese proceso de despolitización, es un proceso político. Recordemos que uno de los aspectos fundamentales del neoliberalismo y del estado de excepción es justamente transformar lo político en un asunto técnico que solo los actores expertos (economistas) pueden atender. En fin, la AAFAF se ha constituido en la corporación operativita de la excepcionalidad a través del diseño y aplicación de la violencia política de la austeridad.

  1. Sobre el lenguaje del Proyecto de Ley

Uno de los aspectos que más llama la atención de este proyecto de ley es el lenguaje implementado en el mismo. En el mismo se destaca, por un lado, un cierto grado de adulación a la figura del gobernador, y por otro un carácter neoliberal y autoritario. El carácter neoliberal y autoritario del proyecto se evidencia desde el principio de la exposición de motivos. En esta, en el primer párrafo, se establece que: “el Gobierno de Puerto Rico es una estructura compleja y no responde a nuestras necesidades presentes y futuras. Actualmente, la Rama Ejecutiva se compone de sobre 100 agencias que proveen 340 servicios, a un costo de $20,000 millones anuales. Es un gobierno excesivo, disfuncional, complejo, burocrático, entorpecedor de procesos y poco transparente en sus decisiones, lo cual mina su credibilidad ante los ciudadanos, el gobierno federal, los bonistas y las casas acreditadoras”.  Para esta argumentación no se ofrece ningún tipo de datos empíricos que en efecto pruebe el argumento de que la Rama Ejecutiva es ineficiente y disfuncional. Lo único que se provee es una serie de interpretaciones financieras y neoliberales propias del sentido común dominante en Puerto Rico desde la década de 2000.

Además, en la exposición de motivos se implementa un lenguaje coloquial, como si ese uso permitiera que la ley fuera menos problemática. Por ejemplo, en lugar de hablar de impuestos y emisión de deuda, se nos dice que el gobierno de Puerto Rico “ha cubierto sus necesidades a costa de aprobar más medidas impositivas y coger prestado”. Asimismo, se nos dice que el problema del gobierno de Puerto Rico, consiste en que no ha tenido la dirección pertinente (como si fuera una corporación) y por ende es necesaria la figura “de un emprendedor” y/o un tecnócrata que ponga a Puerto Rico en el camino de la recuperación (es decir, de la desposesión). “El Gobierno también ha sufrido de una falta de prioridades fiscales, desigualdad en la remuneración de empleados que realizan la misma labor (dependiendo de la agencia de gobierno en la que trabajen), y de falta de motivación e incentivos en la fuerza laboral gubernamental dirigidos a lograr un mejor servicio público. Esta ineficiencia impide responder adecuadamente a emergencias como las ocurridas con el paso de dos huracanes en un mes”.

De la mano de este lenguaje, debemos notar que el proyecto de ley está destinado a propiciar y facilitar la privatización de los servicios públicos. En el texto se enfatiza en el lenguaje de la externalización. Por ejemplo: “declaramos como política pública permitir que se externalicen aquellos servicios que puedan ser provistos con mayor eficiencia por entidades sin fines de lucro, municipios u otras entidades”. Además, se permite que se reorganicen las agencias constitucionales, sin que estas desaparezcan: “Disponiéndose que las agencias constitucionales podrán ser reorganizadas y algunos de sus servicios podrán ser externalizados, pero no podrán ser suprimidas”.

Juntamente con esta reestructuración de la Rama Ejecutiva, en el proyecto se establecen nuevas definiciones de los departamentos constitucionales, se expone y “redefine” el proceso de sucesión para el cargo del gobernador, así como se describe las responsabilidades de los secretarios de cada departamento. Demás está decir que esas responsabilidades y definiciones son las propias de una visión corporativa y/o empresarial del gobierno, y no la de los funcionarios públicos.

Ciertamente lo que presenciamos en este proyecto de ley es una redefinición de la función del gobierno y del estado. Es decir, para los redactores de la medida, resulta que la función social del estado, consiste en proveer los mecanismos necesarios para el incremento del capital y de la desigualdad. Esta interpretación del estado colonial puertorriqueño contradice la visión fundacional del mismo. Ese proceso de refundación del estado colonial, en tanto que un estado de excepción, postdemocrático y neoliberal, empero, igualmente colonizado, queda evidenciado en la siguiente declaración. “Ahora damos inicio a un proceso para transformar el Gobierno en uno más eficiente, rehabilitando sus finanzas y recobrando la confianza y la credibilidad perdida. Nos encaminamos a tener un Nuevo Gobierno que elimine los gastos perdidosos, sea más ágil, y que te pueda rendir cuentas. Un Nuevo Gobierno que deje atrás las estrategias y ataduras del pasado para transformarse de cara a un futuro de prosperidad donde cada dólar de contribución se vea en acción y servicios al Pueblo”.

  1. La crisis se enfrenta con mayor democracia

Probablemente cuando esta columna se publique ya la legislatura haya sido aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador. Empero, nos corresponde denunciar y cuestionar los usos del derecho y del estado de excepción interno para regir y administrar lo político y la vida. Esta ley, es el más reciente episodio del proyecto de desposesión y la generalización de la violencia de estado al que hemos sido sometidos los/as puertorriqueños/as.

Hasta este punto, debemos recordar que la crisis no se resuelve con el estado de excepción y con la reducción de los ámbitos democráticos, sino que se resuelve con mayor democracia y participación. Justamente esto es lo que podemos aprender del paso del huracán María. Fueron las comunidades y los sectores auto-gestionados los que atendieron y atienden la crisis y, son ellos, los que han creado alternativas de futuro mientras que la administración Rosselló sólo ve oportunidades de lucro a partir de la crisis. El estado de excepción, la austeridad y la desposesión generalizada solo traerán más crisis, mayor violencia y pobreza, solo las comunidades y la auto-gestión nos puede traer la posibilidad de otro futuro.